COMUNICADO
Con
respecto a la Resolución 447 del 4 de septiembre de 2019, «por la cual se
ratifica y amplía la prohibición del expendio y la comercialización de bebidas
alcohólicas en las comunidades indígenas del país», y la Resolución 448 de la
misma fecha, «por la cual se prohíbe a los líderes de grupos y/o comunidades
indígenas la exposición al peligro a niños, niñas y adolescentes, en las
manifestaciones en la vía pública»; desde la Organización de Mujeres Campesinas
e Indígenas Conamuri expresamos cuanto sigue:
Estas
orientaciones emitidas en las últimas semanas desde el Instituto Paraguayo del
Indígena (INDI), fueron publicadas recientemente en sus redes sociales, y nos
preocupan por considerarlas atentatorias contra el derecho de autodeterminación
de los pueblos indígenas y contra los derechos humanos y comunitarios de los
mismos.
La Sra.
Ana María Allén, haciendo uso de sus atribuciones como titular de la
institución, y apoyándose en la legislación positiva vigente, pretende con
estas medidas de índole jurídica trasladar a la cabeza del líder la
responsabilidad de las diferentes situaciones que se presentan en una comunidad
indígena, sin tener en consideración elementos de la realidad actual.
Los problemas sociales, económicos y humanitarios en que se desenvuelve la vida comunitaria indígena son graves, no nos caben dudas; pero ellos están marcados por las problemáticas generales del país: los pueblos indígenas no escapan a la pobreza y la extrema pobreza, la falta de infraestructura y políticas públicas que adolece el resto de la población paraguaya, es más: sufren el doble por la desigualdad y la discriminación, y porque no son escuchadas sus voces de protesta, no son prioridad para las autoridades.
Los flagelos que se desprenden de la narco-política y del modelo económico agroexportador llevan a extremos antes nunca sospechados, como el alcoholismo y la drogadicción en las comunidades indígenas, vicios que en varios sentidos son propiciados por los «blancos», por las corporaciones que les despojan de sus territorios ancestrales para el cultivo de soja y por las propias instituciones públicas que permiten estos hechos.
En momentos en que el Chaco paraguayo, hogar de numerosos pueblos indígenas, se encuentra bajo fuego originado intencionalmente para la expansión del modelo hegemónico, en vez de complementar los esfuerzos para combatir esta tragedia, el INDI plantea reglas de conducta atentatorias contra las libertades primarias, además de abrir una puerta para la utilización de la Ley Antiterrorista en comunidades indígenas, normativa nefasta heredada de gobiernos anteriores y que sume en persecuciones injustas a las comunidades campesinas y a los movimientos sociales del país y que, en el fondo, lo que pretende es desmovilizar a la población y decapitar las dirigencias.
Ante estos desafíos, llamamos a la movilización a todas las organizaciones fraternas, indígenas y no indígenas, para sumar fuerza en la lucha y la resistencia contra los orígenes de la problemática social: la desigualdad. Claramente, hoy la presidencia del INDI deja mucho que desear, de modo que las comunidades indígenas no se manifiestan en vano, sus reclamos son justos y las necesidades, agobiantes. Por tales razones, exigimos al gobierno que haga uso y aplicación del decreto firmado por el Ejecutivo este año sobre la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas, con el afán de que un indígena, hombre o mujer, sea quien esté frente a la institución que representa a los pueblos autóctonos del Paraguay.
