Rechazamos la reforma del Indert y del Estatuto Agrario
Comunicado de Conamuri
Ante el tratamiento previsto para este miércoles 23 de septiembre en la Cámara de Senadores de los proyectos que modifican la Carta Orgánica del Indert y el Estatuto Agrario, la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri expresa su rechazo a estas iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo y exige que su tratamiento sea aplazado sine die.
El proyecto del Ejecutivo, que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y de la Ley N.º 2419/2002, que crea el INDERT, fue dictaminado con modificaciones por la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural el pasado 10 de septiembre.
Advertimos que la llamada “titulación masiva” y el discurso de la “nueva ruralidad” no pueden presentarse como solución a la histórica problemática de la tierra en Paraguay si, al mismo tiempo, se debilita la institucionalidad encargada de la reforma agraria y se abren caminos para la mercantilización de las tierras destinadas al campesinado y a los pueblos indígenas.
La legislación agraria derivada de la Constitución Nacional concibe la tierra en función de su dimensión social, vinculada al arraigo, la producción de alimentos, la reproducción de saberes y el desarrollo de la agricultura familiar campesina e indígena. Reducir esta dimensión a la obtención de un título individual desconoce que la reforma agraria requiere también condiciones que permitan a las familias permanecer, producir y vivir dignamente en sus territorios.
Nos preocupa especialmente la concentración de facultades en la Presidencia del Indert para disponer de inmuebles rurales de dominio público. La tierra pública debe estar al servicio de la reforma agraria y de los derechos campesinos, y no convertirse en una herramienta para favorecer procesos de acumulación y concentración.
También alertamos sobre el riesgo de convertir a las familias campesinas en sujetos de endeudamiento. Un título individual no garantiza por sí mismo la permanencia en la tierra. Sin políticas públicas que aseguren condiciones dignas de producción y comercialización, la titulación puede terminar exponiendo a las familias a la pérdida de aquello que conquistaron con décadas de trabajo.
Las mujeres campesinas e indígenas hemos sostenido históricamente la producción de alimentos, el cuidado de las semillas, los animales y los bienes naturales, así como la reproducción de la vida comunitaria. Sin embargo, seguimos enfrentando desigualdades en el acceso a la tierra y a los recursos productivos. Por ello, necesitamos garantías efectivas de acceso y permanencia, reconocimiento de nuestro trabajo y políticas que permitan vivir dignamente en nuestros territorios.
La soberanía alimentaria depende de ello. Para Conamuri, la agricultura campesina e indígena, la agroecología y la defensa de las semillas nativas y criollas son fundamentales para que los pueblos puedan producir alimentos y decidir sobre sus territorios.
En el caso de los pueblos indígenas, la tierra y el territorio son inseparables de su cultura, identidad, organización y formas de vida. Cualquier reforma de la institucionalidad agraria debe fortalecer las herramientas del Estado destinadas a garantizar sus derechos territoriales y no reducir los territorios de vida a propiedades individuales susceptibles de ser incorporadas al mercado.
El problema de la tierra en Paraguay tampoco se resolverá debilitando al organismo responsable de la reforma agraria ni disponiendo de las pocas tierras públicas que aún permanecen bajo dominio estatal. Necesitamos un Indert fortalecido, con recursos públicos suficientes, transparencia, participación social y capacidad institucional para cumplir su función constitucional y legal.
Por todo ello, Conamuri exige al Senado el aplazamiento sine die y posterior rechazo del proyecto de modificación de la Ley del Indert y del Estatuto Agrario impulsado por el Poder Ejecutivo; el fortalecimiento institucional y presupuestario del Indert; una política integral de acceso, regularización y permanencia en la tierra que priorice a las familias campesinas, las mujeres y los pueblos indígenas; garantías para que la titulación no se convierta en una vía de endeudamiento, pérdida y concentración; la defensa de la tierra pública para fines de reforma agraria; la investigación y recuperación de tierras de origen irregular, y la participación efectiva de las organizaciones campesinas e indígenas en las políticas de tierra y territorio.
Defender la tierra es defender la vida. Defender la tierra campesina e indígena es defender la soberanía alimentaria, el arraigo y el futuro de nuestro pueblo.