Manifiesto del 1° Foro por el derecho a la tierra y el derecho a la ciudad
Las organizaciones aglutinadas en torno a la realización del Primer Foro por el Derecho a la Tierra y a la Ciudad, manifestamos cuanto sigue:
Mientras que el acceso a la vivienda digna es un Derecho Humano indispensable para el desarrollo de la población, el Gobierno paraguayo tiene una clara política de expulsión de la ciudadanía tanto del campo como de territorios urbanos. Nuestra soberanía territorial está puesta a disposición de corporaciones capitalistas cuyo único fin es el lucro sin importar que el costo sea la destrucción de comunidades enteras.
El Estado tiene la obligación y el deber de garantizar el derecho a la tierra y a la vivienda adecuada según la cultura de cada región o zona. Los programas sociales deben ajustarse a la cosmovisión de las poblaciones, tanto indígenas, como campesinas y urbanas, sin pretender la imposición de modelos homogéneos que no se condicen con las formas de vida local y tradicional.
Bañados
Hasta hace poco, el debate de la lucha por la tierra giraba solo en torno al campo; hoy el nuevo territorio en disputa es la ciudad. Hace algunas décadas, miles de campesinos se asentaron en la rivera del río Paraguay, llegaron tras sufrir una primera expulsión territorial del campo y construyeron sin apoyo estatal los barrios hoy conocidos como Bañados. Ahora, tras haber consolidado sus territorios, están en proceso de una segunda expulsión en nombre de un supuesto desarrollo, un “progreso” que en realidad responde a un deshumanizado proyecto neoliberal.
La alternativa que ofrece el Gobierno a los expulsados en algunos casos es la reubicación en zonas completamente alejadas de las viviendas originales, dificultando entre otras cosas el acceso al trabajo. Además las viviendas son tan pequeñas que la oferta se reduce al hacinamiento, y los servicios básicos como luz, agua, escuelas y centros de salud están en pésimas condiciones o son inexistentes.
La construcción de casas prefabricadas de baja calidad demuestra que ni siquiera hay interés por generar fuentes de trabajo ni de dinamizar la economía; por otro lado, la utilización de materiales de dudosa efectividad demuestra que éstas no son más que respuestas asistencialistas que para nada apuntan a solucionar el problema de fondo.
Población trabajadora de ingresos medios
Además de la población en pobreza extrema, la que tiene ingresos medios también está siendo permanentemente acosada por la especulación inmobiliaria. La construcción de la Costanera sirvió de excusa para aumentar impuestos y para que el negocio inmobiliario dispare los costos de los alquileres condicionando a la población a vivir en constante desplazamiento interno y en muchos casos a verse forzada a abandonar la ciudad. No existe una legislación que proteja de la especulación inmobiliaria.
Guahory
En Paraguay, el 2 % de la población es dueña de más del 85 % de la tierra cultivable; sin embargo, la lucha del campesinado por la reforma agraria es sistemáticamente atacada. En lugar de contar con proyectos de desarrollo industrial sustentable o de infraestructuras viales o de servicios públicos, la mayor presencia del Estado se da a través de la violencia policial. El caso de Guahory es un fiel ejemplo, en dos años, el asentamiento pasó por dos desalojos, el del 15 de septiembre último fue el más brutal, con 1.200 policías y lo peor, comandados por un brasilero.
Políticas excluyentes
Las escasas políticas públicas y legislación en torno a la vivienda discriminan a la hora de ser aplicadas. Son además excluyentes en el sentido de que dejan sin posibilidad de acceso a las personas con opciones e identidades sexuales diferentes: lesbianas, gays, trans y bisexuales adolecen de la falta de oportunidades de subsidios o préstamos y ni tienen derecho siquiera a heredar las propiedades de sus parejas por no estar reconocidas legalmente en el núcleo familiar. Así también, las personas solteras y otras diversidades que no encajan en el tipo de familia hetero-patriarcal, tampoco tienen estas alternativas.
El Estado no ofrece, además, oportunidades de vivienda a la niñez y juventud trabajadoras en general, los trabajadores informales y la mayoría de políticas de vivienda está enfocada a los hombres, desconociendo a las mujeres que son cabeza de hogar y a las madres solteras.
Rechazamos firmemente la idea de que los pobres no tenemos derecho a habitar la ciudad y exigimos que las políticas de vivienda se elaboren con plena participación de todos los sectores populares: mujeres, niñez trabajadora, jóvenes, personas LGTBI, indígenas y campesinos expulsados del campo; para que las propuestas respondan a nuestras necesidades reales y diversas, ya que una vivienda digna no es solo un techo con paredes, también debe ser de calidad, garantizando el derecho al trabajo y servicios básicos como el transporte público.
Trabajadores
Entendemos que la clase trabajadora es la más perseguida por este Gobierno. Las condiciones precarias de trabajo, de explotación y persecución de las distintas formas de organización, son solo algunas de las estrategias para seguir con la opresión al trabajador. También el sistema capitalista ha creado modos y medios para negar y excluir al trabajador del derecho a vivir en la ciudad, acceder a la tierra, vivir en mejores condiciones de vida.
Cooperativas de Vivienda
Este Gobierno ha hecho de la burocracia un instrumento poderoso de opresión, persecución y debilitamiento de una forma alternativa e innovadora de acceder al derecho de la tierra, el territorio, la vivienda y al hábitat dignos, y al desarrollo social, como resultan ser las Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ayuda Mutua. Exigimos a la Ministra Soledad Núñez poner mayor voluntad política para mejorar las condiciones de acceso a este Derecho Fundamental que de por sí está expresado, por un lado, en la Constitución Nacional, y por el otro, en la Ley 2329/03. Creemos que los problemas se suscitan en el seno de la Senavitat por ser este un modelo que genera cambio social, pues llevamos a la práctica principios de lucha, como lo son la participación y la organización, la autogestión, la ayuda mutua, y fundamentalmente, la condición jurídica de la tierra que es la propiedad colectiva.
La reforma agraria en el campo significará un impacto en la política habitacional también en las ciudades como un efecto natural.
¡La tierra y la vivienda son un derecho, no una mercancía!
FIRMAN:
- Central de Cooperativas de Vivienda Por Ayuda Mutua (CCVAMP)
- Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri
- Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA-UNA)
- Instituto de Trabajo Social (ITS-UNA)