Repudiamos la aprehensión arbitraria de los dirigentes Ernesto Benítez, Rodolfo Salazar y Sixto Cabrera, ocurrida el 17 de noviembre en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro. Esta acción demuestra, una vez más, la decisión del Estado cartista de criminalizar la lucha por la tierra y proteger a los verdaderos responsables del saqueo nacional.
Denunciamos que el Estado, hoy cooptado por la narcopolítica y el agronegocio, decomisa bienes a narcotraficantes, pero no toma en cuenta a campesinas, campesinos e indígenas sin tierra, que son quienes sostienen con su trabajo la soberanía alimentaria. Nuestro territorio está copado por empresas sojeras, narcos y sus operadores políticos, mientras miles de familias siguen sin acceso a tierras para vivir y producir.
El Estado pretende presentarse como “sujeto” de la Reforma Agraria, cuando su deber es garantizar la redistribución. Exigimos que el Gobierno reglamente la Senabico y destine los bienes decomisados a la verdadera reforma agraria. Las campesinas, campesinos e indígenas no pedimos privilegios: pedimos tierra para producir y vivir con dignidad.
Rechazamos la Ley Riera-Zavala, que convierte incluso la intención de recuperar tierras en apología del delito y consolida un modelo de persecución contra el pueblo trabajador. Criminalizar la organización campesina solo favorece al poder narco-sojero que controla las instituciones públicas.
Exigimos: • La liberación inmediata de Ernesto Benítez, Rodolfo Salazar y Sixto Cabrera. • El fin de la criminalización de la lucha por la tierra en nuestro país. • La distribución de tierras decomisadas por Senabico, con prioridad para sujetos de la Reforma Agraria. • La reglamentación urgente de Senabico y transparencia en el destino de sus bienes. • La Reforma Agraria real contra el poder de la narcopolítica.
Reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades que resisten. Ninguna detención detendrá la lucha por la vida digna en el campo.
Asunción, 18 de noviembre de 2025
¡La tierra para quien la trabaja! ¡Basta de narcopolítica!
*Foto: Coordinadora Sin Tierras del Norte (Facebook)
En el marco del Día Internacional del Cuidado, es bueno reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una sociedad que reconozca el cuidado como un trabajo esencial, digno y con derechos. El cuidado sostiene la vida, las comunidades y las economías, pero continúa siendo invisibilizado y desvalorizado, especialmente cuando recae sobre las mujeres.
En ese sentido, participamos activamente en el proyecto “Más derechos, mejores cuidados”, una iniciativa articulada que busca potenciar los derechos sociales y laborales de las personas trabajadoras del área de los cuidados, que puede ser tanto la primera infancia como la tercera edad, cuidados a personas que requieran atención especial o simplemente como apoyo en hogares ajenos para facilitar la dinámica de vida.
Como mujeres campesinas, indígenas, rurales y urbanas, como madres, como trabajadoras del cuidado, sabemos que no se trata solo una tarea privada, sino de una fuerza colectiva, un compromiso comunitario y un derecho que debe estar garantizado. En esta jornada reafirmamos que cuidar es crear vida, es construir comunidad, es reivindicar dignidad. Exigimos que el Estado, las empresas, las comunidades y las familias anden juntos este camino hacia una sociedad donde las tareas del cuidado se reconozcan, se distribuyan y se regulen como corresponde: con derechos, con protección, con corresponsabilidad y con justicia. No es solo un día de recordación, sino un día de movilización: por más derechos, mejores cuidados y una vida digna para todas.
El proyecto se desarrolla de manera simultánea en Ecuador y Paraguay, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al cuidado y a la niñez, mediante la articulación entre el Gobierno central y las organizaciones sociales.
En Paraguay, el proyecto se implementa en Asunción y en los departamentos de Central, Caaguazú, Guairá y San Pedro, mediante una alianza con organizaciones y grupos comunitarios locales. Este trabajo conjunto permite articular esfuerzo desde los territorios, reconociendo las diversas realidades de las mujeres que sostienen las tareas de cuidado en contextos rurales y urbanos, y promoviendo su participación activa en la construcción de una agenda común de derechos.
Como parte de esta estrategia, se desarrollan talleres de formación en los territorios que abarca el proyecto, donde mujeres de distintas edades —jóvenes, adultas y adultas mayores— comparten experiencias, reflexionan sobre su vida cotidiana y las desigualdades que enfrentan, y analizan la necesidad de políticas públicas que alivien la carga laboral y reconozcan el valor social del cuidado. Estos espacios de encuentro fortalecen el liderazgo y la organización de las mujeres, potenciando su capacidad de incidencia en la transformación de sus comunidades.
La propuesta se guía por los principios de equidad, participación, inclusión, acceso a derechos básicos y justicia social, promoviendo entornos donde el cuidado sea reconocido como un trabajo digno y con protección laboral.
Además, se busca sensibilizar al funcionariado público sobre los desafíos que enfrentan las trabajadoras del cuidado infantil, e impulsar el desarrollo de políticas públicas inclusivas que garanticen su reconocimiento y bienestar.
El proyecto “Más derechos, mejores cuidados” es financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canadá, y en Paraguay cuenta con la participación de las organizaciones Plan International Paraguay, Centro de Documentación y Estudios (CDE), Asociación Mil Solidarios y Organización Conamuri, junto con el Ministerio de la Mujer como aliado institucional.
¿Por qué se recuerda hoy el Día Internacional del Cuidado?
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, con el fin de visibilizar que el trabajo de cuidados —remunerado o no— es vital para la igualdad de género, la sostenibilidad de las sociedades y la economía. La fecha busca impulsar una economía del cuidado resiliente e inclusiva, reconociendo el aporte de las personas cuidadoras, combatiendo los estereotipos de género y promoviendo la redistribución de las responsabilidades del cuidado para lograr justicia social.
Este sábado 1 noviembre, de 8:30 a 14:00 horas en la Plaza de la Democracia, la Red de Guardianas y Guardianes de Semillas Nativas y Criollas de Paraguay invita a toda la ciudadanía, a participar de este encuentro que traerá a la capital, la producción hortícola y semillera de diversas comunidades campesinas e indígenas del país.
Cabe mencionar que este evento ha sido declarado de interés nacional No. 383 por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, en fecha 22 de octubre de 2025. En la misma se expresa: “Exhortar al Poder Ejecutivo, a través de las instituciones encargadas de la producción agropecuaria, a generar políticas públicas, implementar acciones y asignar recursos para la promoción y el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina e indígena, dada su importancia en la producción de alimentos, el cuidado del ambiente, la mitigación de los efectos del Cambio Climático y la preservación de la cultura y tradiciones del pueblo paraguayo”.
Durante la jornada, productoras y productores ofrecerán a la venta una gran variedad de productos de la canasta básica como ser: queso, leche, huevos, carne, diversidad de porotos, harina de maíz, maíces, verdeos y hortalizas en general. Así mismo expondrán el gran acervo semillero, conservado con mucho esfuerzo y dedicación.
Con participación libre y gratuita, se invita a participar también de talleres, charlas, y momentos culturales centrados en la importancia de la semilla; su recuperación y reproducción en el marco de la producción agroecológica, para garantizar una alimentación saludable, así como el cuidado de la casa común, que se traduce en la reducción del impacto de la crisis climática y la eliminación de tóxicos en la alimentación destinada al autoconsumo ya la renta.
Esta actividad permite la alianza estratégica entre comunidades campesinas e indígenas, que actualmente enfrentan una crisis productiva en sus localidades, debido a la falta de insumos, asistencia técnica y barreras en la comercialización.
Por otro lado, la presencia de guardianas y guardianes en Asunción busca visibilizar la amenaza que enfrentan productores y productoras con la escasez cada vez más agudizada, de semillas nativas y criollas por la ausencia de políticas públicas que apoyen el rescate, la conservación y protección de variedades nativas y criollas.
Es importante mencionar que en la actualidad se importan entre el 50 y el 90% de los alimentos de origen vegetal que consumimos. Pese a los grandes inconvenientes que atraviesan productores y productoras en el campo, la tenacidad en su labor permite la conservación de semillas nativas y criollas, gracias a las cuales es posible aún mantener la cultura alimentaria, con la posibilidad de acceder a alimentos frescos y nutritivos, los cuales estarán al alcance de todas y todos en esta gran feria.
Mucho orgullo de los economistas, del empresariado y del propio Gobierno por los números macro de nuestro país, con aplausos de aquí para allá en los foros internacionales. Pero, ¿cómo nos va a la clase trabajadora?
En Paraguay, la realidad de la alimentación refleja una profunda contradicción. Mientras el país proyecta más de 10 millones de toneladas de soja para exportación, las familias campesinas y urbanas se enfrentan a precios elevados y faltante de hortalizas básicas como tomate, cebolla o papa. En los mercados populares, se registran aumentos constantes y escasez, lo que golpea directamente la mesa del pueblo trabajador.
A esto se suma el contrabando de productos frutihortícolas, que inunda nuestros mercados y debilita a la producción nacional campesina. Aunque se realizan incautaciones, la permisividad estatal mantiene intacto un circuito ilegal que favorece a intermediarios y comerciantes, mientras los productores locales ven hundirse sus precios.
Los problemas de infraestructura y logística agravan la situación: rutas en mal estado, elevados costos de transporte y la bajante de ríos encarecen la circulación de alimentos. Además, para mantener el sistema hegemónico agroexportador, el Gobierno no duda en hacer uso de la fuerza pública: quemando ranchos, destruyendo cultivos de autoconsumo y arreciando la lucha por la tierra. En lugar de invertir en un modelo que fortalezca a la agricultura campesina y familiar, el Estado prioriza obras para sostener el agronegocio exportador.
Todo esto repercute en la dieta de la población, que se ve obligada a sustituir alimentos frescos y nutritivos por opciones más baratas y de peor calidad. La inflación alimentaria se mantiene por encima de la inflación general, profundizando la precariedad de los hogares.
Desde Conamuri, reafirmamos que la salida no está en los agronegocios, sino en la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir qué producir, cómo producirlo y para quién. Apostamos a la semilla nativa y criolla, a la agroecología, a la organización campesina e indígena que garantizan alimentos sanos, accesibles y en armonía con la naturaleza.
Venimos construyendo historia de lucha desde nuestros territorios contra el capitalismo colonial, el patriarcado, el racismo y el avance del fascismo. Como articulación de mujeres indígenas y campesinas, llevamos 26 años de organización, coordinando demandas y acciones colectivas. Nuestras compañeras no hablan solo desde la teoría, sino desde las prácticas cotidianas que sostienen la vida.
Porque para hacer soberanía alimentaria hay que hablar también del papel fundamental de las mujeres en la agricultura: la paciencia en observar la adaptación de semillas y plantas, el cuidado frente a plagas y la elaboración de bioinsumos, el conocimiento ancestral de las plantas medicinales. Estas tareas, muchas veces vistas como menores, son en realidad formas de resistencia frente a la agricultura industrial capitalista y constituyen oportunidades para fortalecer una visión común desde los territorios. En ese transitar, abrimos caminos nuevos a conceptos que conocemos bien, y sumamos propuestas y demandas que nacen de nuestra propia experiencia comunitaria.
¿Cómo se accede a la soberanía alimentaria?
Se accede a través de la lucha organizada de los pueblos, con políticas públicas que prioricen la agricultura campesina e indígena, con la defensa y multiplicación de las semillas nativas y criollas, con mercados locales que acerquen al productor con el consumidor y con el fortalecimiento de la agroecología como modo de producción. La soberanía alimentaria no es un regalo ni una promesa: es una conquista que se logra con organización, conciencia y resistencia frente al modelo del agronegocio.
En este Día de la Alimentación y de la Soberanía Alimentaria, llamamos a reflexionar sobre el modelo que nos imponen y sobre las alternativas que venimos construyendo. La agroecología no solo es respuesta a la crisis alimentaria que padecen nuestras comunidades, sino también a la crisis climática que amenaza la vida en el planeta. Apostar a la agroecología es apostar a la vida y a un futuro donde la tierra y los alimentos estén al servicio de los pueblos, y no del capital.
El 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, Conamuri celebra 26 años de vida organizada, de lucha y de sueños comunes.
Nacimos a fines del siglo XX, en un contexto hostil de desigualdades históricas, cuando aún pesaban las cadenas de 500 años de despojo, explotación y colonialismo. Desde entonces, caminamos con dignidad, construyendo rebeldía y unidad entre mujeres campesinas e indígenas que decidimos romper el silencio frente a la violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Compañeras de San Pedro, luego de un encuentro de capacitación.
Conamuri es la expresión de un proyecto político popular que se nutre de la formación, la agroecología, el feminismo campesino y popular revolucionario, y el liderazgo de las mujeres del campo. Nuestro horizonte es la transformación de la sociedad hacia un país donde la tierra, el agua, las semillas, los bosques y la vida no estén sometidos al lucro, sino al cuidado comunitario.
Marcha unitaria, participación de Conamuri.
Pasaron 26 años y nuestras filas se han multiplicado: hoy caminamos con nuestras hijas y nietas, que heredan la memoria de resistencia y mantienen en alto la bandera de la soberanía, la igualdad, la justicia y la paz. Conamuri resistió intentos de invisibilización y ataques, pero nunca se doblegó. Al contrario, cada golpe encendió más fuerte la llama de nuestra esperanza.
Compañeras de Boquerón saludan a las demás por el nuevo aniversario de la organización Conamuri.
En este aniversario reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo poder popular desde abajo, con las comunidades, con las mujeres, con los pueblos. Seguimos en pie porque creemos que otro Paraguay y otro mundo son posibles: un mundo sin opresión de género, sin racismo ni explotación de clase; un mundo donde florezcan la solidaridad, el respeto y la vida en armonía con la naturaleza.
¡Conamuri, 26 años de lucha, resistencia y esperanza!
Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – CONAMURI expresamos nuestra plena adhesión y respaldo a la movilización indígena convocada para este 22 de septiembre por la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), en defensa de la vida, la tierra y la dignidad. Nos unimos al clamor de los pueblos indígenas que, una vez más, deben salir a las rutas para exigir el cumplimiento de derechos históricamente negados y hoy profundizados por políticas de exclusión y despojo.
El cierre arbitrario de la oficina central del INDI en Asunción constituye una muestra más del desprecio del Estado hacia los Pueblos Indígenas: cercena el acceso a servicios básicos, posterga la restitución territorial y agrava las condiciones de vulnerabilidad. El INDI debería ser la institución garante de los derechos indígenas, pero bajo los sucesivos gobiernos colorados ha sido convertido en un aparato ineficaz y cómplice de la violencia estatal, incumpliendo con su rol histórico y legal.
Rechazamos los desalojos violentos y la criminalización que se cierne sobre quienes defienden sus territorios y modos de vida. Denunciamos que la falta de presupuesto real para la compra y restitución de tierras no es un problema técnico, sino una decisión política que desnuda las prioridades de un gobierno aliado al agronegocio y a la concentración de la riqueza.
Sostenemos que no habrá democracia verdadera mientras los pueblos indígenas sigan siendo despojados, marginados e invisibilizados en sus demandas. No existe “tema menor” cuando se trata de derechos básicos: los pueblos indígenas anteceden al Estado paraguayo y su dignidad debe ser garantizada sin condicionamientos.
Las movilizaciones son un derecho democrático, no un «apokytã» como sostiene el antidemocrático y autoritario ministro del Interior, Riera. Si quienes gobiernan carecen de la capacidad para conducir un país con justicia, deben dar un paso al costado en lugar de justificar su inutilidad y sus prácticas racistas. Si los pueblos indígenas, de manera organizada, deciden manifestarse ante la falta de voluntad política del cartismo, están en todo su derecho, y absolutamente nadie puede sabotear ni chantajear su legítima protesta.
¡No habrá paz mientras sigan violentando derechos!
¡No habrá paz mientras se mantengan las prácticas racistas!
¡No habrá paz mientras el autoritarismo pretenda imponerse sobre la dignidad de los pueblos!
Este 22 de septiembre marcharemos juntas y juntos, porque la defensa de la tierra, la vida y la dignidad es el horizonte común que nos convoca en resistencia. La resistencia indígena persiste, aunque sea una de las poblaciones más vulnerabilizadas y empobrecidas. Y allí estaremos, porque su lucha también es nuestra lucha.
El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, instaurado en 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, en memoria de Bartolina Sisa, dirigente aimara asesinada en 1782 tras liderar una sublevación indígena. Este día nos convoca a reconocer el papel fundamental de las mujeres en la defensa y preservación de la identidad de nuestros pueblos, y a fortalecer nuestras voces: diversas, multicolores, de muchos sonidos y sentidos.
Es también un día para defender la riqueza cultural que representan los 19 pueblos que hemos resistido y sobrevivido a pesar de todo, en este Paraguay que es tan nuestro como de quienes pretenden relegarnos a oficinas regionales y desanimar nuestra participación en la capital, el espacio donde se concentran las decisiones políticas, sociales, económicas y culturales de nuestro país. Oficinas regionales sí, pero exigimos que el INDI, la gran casa de los pueblos indígenas, siga funcionando en Asunción, tal como lo establece el Estatuto Indígena.
Este día nos recuerda la urgencia de volver a instalar en el debate público nuestra preocupación por la violencia que sufren mujeres y niñas indígenas, frente a instituciones que, en lugar de protegernos, nos dan la espalda con el argumento de que se trata de “temas culturales”. Ningún pueblo puede construir su cultura sobre la violencia hacia mujeres y niñas. Exigimos que los mecanismos de prevención y sanción del Estado funcionen.
Nos alarma, en particular, la explotación sexual de niñas y adolescentes indígenas en zonas de frontera, así como la indiferencia de autoridades locales ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes, víctimas del crimen organizado. Este mismo crimen amenaza a nuestras lideresas cuando defienden a sus comunidades. ¡Queremos protección para nuestra niñez y adolescencia, y para nuestras compañeras que denuncian!
Por último, la realidad de un modelo económico que arrasa con nuestros territorios y bosques golpea con más fuerza a las mujeres: limita nuestro trabajo en la artesanía y nos empuja a migrar a las orillas de las ciudades. Rechazamos la modificación de la Ley 904, porque sabemos que sin tierra y sin territorio, la vida que nos espera será aún más miserable que el abandono que hoy enfrentamos en las comunidades.
A 243 años del asesinato de Bartolina Sisa, las mujeres indígenas seguimos resistiendo.
Asunción, 5 de setiembre del 2025
Firman: Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY) Organización Kuña Guarani
Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri rechazamos el cierre de la sede asuncena del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) hacia el interior del país, una medida dispuesta por el Poder Ejecutivo de forma unilateral, sin respetar el principio de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas.
Acompañamos el descontento generalizado de la población indígena ante esta decisión arbitraria, que lejos de responder a sus demandas históricas, evidencia una estrategia de silenciamiento y desarticulación de esos reclamos legítimos. En este contexto, la llamada “descentralización” no busca acercar el Estado a las comunidades, sino más bien borrar la presencia indígena de los espacios públicos en la capital del país, centro del poder político y administrativo. Además, representa una maniobra para fracturar la articulación entre los diferentes pueblos indígenas, generando un sesgo entre los pueblos de la Región Occidental y los de la Región Oriental.
Recordamos que la Ley 904/81, en su artículo 29, establece con claridad que el INDI debe tener su sede central en Asunción. El traslado decidido por el Ejecutivo no solo contraviene esta disposición legal, sino que además vulnera los derechos colectivos consagrados en normativas nacionales e internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Nos preocupa que esta medida ocurra en un año preelectoral, y que las nuevas sedes regionales funcionen como plataformas clientelares para repartir rubros entre correligionarios, instrumentalizando una institución que debe responder a las necesidades y derechos de los pueblos indígenas, no a intereses partidarios.
Por lo tanto, exigimos la anulación inmediata del traslado de la sede del INDI fuera de Asunción, el respeto al marco legal vigente y a los procesos de consulta libre, previa e informada, y una política pública indígena construida con y desde las comunidades, no impuesta desde arriba ni manipulada con fines electorales.
¡El INDI no se toca sin consulta con los pueblos indígenas!
Indignadas ante la continuidad de la violencia patriarcal que, en lo que va del 2025, ya se llevó la vida de 15 mujeres en Paraguay, desde Conamuri decimos cuanto sigue:
El feminicidio, como expresión más brutal de un sistema de dominación que tiene raíces profundas en el patriarcado, el racismo y el capitalismo, es también resultado de un Estado ausente que prioriza negocios y prebendas, mientras las mujeres seguimos en peligro.
Sabemos que el machismo se sostiene sobre estructuras que nos empujan a la pobreza, nos niegan el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nos excluyen de los espacios de decisión. La violencia de pareja, la impunidad judicial, el fundamentalismo religioso y la desigualdad estructural nos golpean día a día, especialmente en las comunidades campesinas e indígenas, donde el Estado solo llega para la foto y con promesas vacías.
En este contexto, preocupa gravemente el debate instalado en torno a la desaparición del Ministerio de la Mujer, una institución que, a pesar de sus limitaciones, representa una conquista histórica del movimiento de mujeres. Discutir su desmantelamiento en medio de esta emergencia es una señal de retroceso y abandono institucional.
¡Justicia, reparación y políticas reales para una vida libre de violencias!
Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas denunciamos y condenamos la actual ola de desalojos violentos que se están ejecutando en distintos puntos del país. En las últimas semanas, la comunidad campesina San Miguel, del distrito de Maracaná, Canindeyú, fue brutalmente desalojada, y el intendente que había apoyado a la población hoy es objeto de amedrentamiento y pesa sobre él una orden de captura, al igual que sobre los principales líderes comunitarios. Mientras tanto, la comunidad indígena Hugua Po’i, del distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú, enfrentó una amenaza inminente de expulsión que pudo ser frenada momentáneamente gracias a la presión social, legal y comunitaria organizada desde los territorios.
No nos cabe dudas de que bajo el gobierno de Santiago Peña se está desarrollando un plan sistemático de despojo y exterminio de nuestras comunidades campesinas e indígenas. Es una política de Estado funcional al agronegocio, al narcotráfico y al capital transnacional, que necesita territorios deshabitados para expandir sus monocultivos, pistas clandestinas y emprendimientos extractivistas. En este modelo, nuestra presencia, nuestros saberes y nuestras formas de vida estorban. Por eso se nos reprime, se nos desplaza, se nos criminaliza.
Después del desalojo vienen las imputaciones arbitrarias, las órdenes de captura, el hostigamiento judicial. La criminalización sistemática es un mecanismo para romper el tejido comunitario y debilitar nuestras formas de organización y resistencia. A esto se suma el no reconocimiento de personerías jurídicas de comunidades campesinas e indígenas, lo que deja en total indefensión a cientos de familias que habitan sus territorios desde hace décadas. Esta invisibilización legal facilita el despojo y blanquea la ocupación irregular de tierras a favor de sojeros, ganaderos y empresarios aliados al poder político.
Este modelo no se inició con Peña. El caso Curuguaty dejó al descubierto la violencia estatal en defensa del agronegocio. Durante el gobierno de Horacio Cartes ya se implementó una primera etapa de gran sojización, que vino acompañada de desalojos masivos. Hoy se reactiva una nueva oleada, cruzada con disputas territoriales del crimen organizado, donde las comunidades quedan atrapadas entre el narco, las bandas criminales y el abandono estatal.
Paraguay enfrenta además una grave inseguridad sobre la tenencia de la tierra. La reforma agraria está estancada, y los asentamientos no regularizados son blanco permanente de desalojos. Como si fuera poco, nos expulsan del campo y nos empujan a ser parte del 70% de trabajadores informales con que cuenta el país, sin derechos laborales ni seguridad social. Se nos condena a la pobreza estructural. El 70% de la población paraguaya trabaja en la informalidad y sigue siendo pobre. No hay salida digna fuera del territorio.
Fotos: @rtvpy
Este plan de exterminio territorial tiene un andamiaje jurídico que lo respalda. La Ley Zavala-Riera (Ley 6.630/20), permite desalojos exprés sin garantías y criminaliza la lucha por la tierra. Con su aplicación se busca preparar el camino para la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), una herramienta de “blanqueamiento” que permitirá regularizar títulos y propiedades en favor de empresarios, sojeros y actores del poder. Así, el Estado legaliza el despojo, mientras expulsa a quienes históricamente habitaron y trabajaron la tierra.
A esto se suma una política cultural retrógrada. Mientras el Estado nos despoja, diputados y senadores siguen justificando el criadazgo como parte de la cultura paraguaya. Es una muestra clara del desprecio estructural por la vida de niñas, niños y adolescentes pobres. Una cultura del despojo, la servidumbre y el silenciamiento que se perpetúa desde las instituciones.
En este sentido, la violencia es multifacética: no solo nos desalojan con armas y topadoras. También cierran nuestras escuelas rurales, impidiendo que nuestros hijos e hijas puedan educarse cerca del territorio. La educación que se nos ofrece como alternativa es cada vez más empobrecida y funcional al sistema: formación policial, cursos técnicos del SNPP. Se nos niega el acceso a una educación crítica, liberadora, con sentido territorial. Nos quieren sin tierra para producir, sin derechos elementales, sin pensamiento propio.
Recordamos al Estado paraguayo su responsabilidad de implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), que reconoce el derecho a la tierra, al agua, a un ambiente sano, a la autodeterminación, a vivir en paz y dignidad. Los desalojos masivos, las persecuciones y las políticas de abandono violan todos estos derechos y constituyen crímenes contra nuestros pueblos.
Como mujeres organizadas, campesinas e indígenas, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, de los bienes comunes, de nuestras semillas y saberes. Resistimos desde el arraigo, desde la comunidad, desde la historia.
Exigimos: • El cese inmediato de todos los desalojos en el campo paraguayo. • El reconocimiento jurídico efectivo de las comunidades campesinas e indígenas. • El fin de la criminalización de la lucha por la tierra. • La implementación urgente de políticas públicas con enfoque territorial y de derechos humanos, que garanticen el acceso y la permanencia digna en nuestros territorios. • La implementación de la Declaración de los Derechos Campesinos (UNDROP) en Paraguay.
¡Basta de represión! ¡Nuestros territorios no se venden, se defienden! ¡Con tierra, con autonomía y con organización, seguimos luchando!
