Asentamiento Crescencio González, firme en la defensa de su “tekoha”

El pasado sábado, 17 de noviembre, tuvo lugar un encuentro de análisis y solidaridad organizado por pobladores y pobladoras del asentamiento Crescencio González, ante latentes amenazas de desalojo que vienen soportando desde sus primeros años de conformación, pero que hoy se acentúan con la aparición de un supuesto propietario de las tierras, de apellido Mujica, que exige a los asentados abonar lo correspondiente o bien abandonar el lugar.

Al acto fueron invitados a compartir y a debatir diferentes actores sociales y de organizaciones fraternas, que quedaron admirados de la organicidad del territorio. En el asentamiento, vinculado a la Federación Nacional Campesina, conviven familias que se dedican a la agricultura de autoconsumo y de renta.

Nuestra compañera, la docente Paulina Ramos, participó de este acto de confraternidad y llevó el aliento y el pedido de unidad en nombre de nuestra organización. La compañera oriunda de San Pedro dijo que actualmente el Estado lo único que ofrece a las mujeres y sus familias es la migración o el desarraigo, con lo cual se pierde la identidad como mujeres campesinas y como paraguayas, “al perder nuestro ‘tekoha’ perdemos nuestra esencia de ser”. Y de ahí la importancia del trabajo que vienen realizando en el asentamiento Crescencio González, resistiendo para defender la comunidad y así a la vez poner en resguardo “la soberanía alimentaria, la soberanía de nuestros cuerpos y nuestras propias vidas”. Como educadora, Paulina llevó también las palabras de apoyo del sector docente identificado con la clase popular, en nombre del Sindicato Nacional de Educadores Jekupytyrã.

Crescencio González tiene 19 años de vida constituida como asentamiento modelo. Está ubicado en el distrito de San Vicente, departamento de San Pedro, y en él conviven más de 1070 personas distribuidas en 10 núcleos, ocupando todas ellas unas 5 mil hectáreas que fueron expropiadas al empresario brasileño Evaldo Araújo y que costó la muerte del campesino cuyo nombre lleva el asentamiento en una primera ocupación (noviembre de 1999), además de la ejecución de Justo Villanueva, Felipe Osorio y Huber Duré en una siguiente ocupación ocurrida en enero del año 2000. En ambos episodios las fuerzas represivas actuaron con mucha violencia contra los ocupantes, dejando también por resultado varios heridos y detenidos.

El dirigente local, Isidro Ortellado, historió el proceso de lucha por las tierras que costaron la sangre de sus compañeros. Mencionó que desde el asesinato del joven de 35 años, Crescencio González, ocurrida el 14 de noviembre de 1999, “tuvimos la postura de construir en este lugar un asentamiento, no podíamos retroceder y olvidarnos de Crescencio”. Una segunda ocupación fue reprimida violentamente y acabó con la vida de tres compañeros más, además de judicializar a decenas de hombres y mujeres. “Como resultado de numerosas movilizaciones del pueblo a nivel nacional, conquistamos las tierras”, que finalmente fueron expropiadas a favor de las familias campesinas en el marco de la Reforma Agraria.

A su vez, el líder departamental, Sixto Portillo, refirió que este proceso de lucha es el resultado de una larga preparación, de debates entre sin tierras, pequeños productores y otros sectores sociales que arribaron a la conclusión de que la principal causa de la miseria en el campo es la existencia de los latifundios. Mencionó que, tras el acuerdo con el Estado, la FNC cumplió su compromiso de construir viviendas en el lugar para las familias que producirían sus propios alimentos; pero el Estado no cumplió su parte para alcanzar un desarrollo integral y una buena calidad de vida. “Como fruto de la movilización tenemos puesto de salud, escuelas, colegios y caminos”, dijo, haciendo memoria del proceso de lucha que tuvo y tiene la comunidad.

Un ejemplo de Reforma Agraria

La representante de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, Milena Pereira, explicó que la Reforma Agraria es una herramienta para que el Estado combata la desigualdad y la falta de justicia social, y que la Constitución Nacional la estipula como una necesidad por su función social. “Pero el Estado no solo no cumple, sino que hace todo lo contrario: durante el régimen stronista, el terrorismo de Estado aniquiló las comunidades campesinas que luchaban por una vida digna, y hablaba de Reforma Agraria mientras entregaba millones de hectáreas de tierra a amistades, ministros y militares vinculados a Stroessner. Pero cuando nosotros venimos hasta acá y vemos lo que producen ustedes, nos damos cuenta de que sí hay Reforma Agraria en Paraguay y que es el campesinado organizado y en lucha el que lo está logrando”.

En el mismo sentido, el investigador Luis Rojas, del Centro de Estudios Heñói, dijo que el Estado, en vez de contribuir con la agricultura campesina entregando tierra, semillas y herramientas, lo que hace es perseguir a los pobladores, criminalizarlos, apresarlos, imputarlos, cuando no los ejecuta. “Hay que valorar que los asentamientos campesinos son mucho más productivos que los grandes sojales o las corporaciones ganaderas. Aquí hay hortalizas, frutales, legumbres, producción animal, mini-industria, queso, mermelada, huevos, leche, también la conservación ambiental, y todo esto tiene un valor incalculable”.

La mesa expositora, de hecho, estaba adornada con los frutos de la tierra del asentamiento Crescencio González, hoy una vez más perseguido y en alerta ante las intenciones de los exponentes del agronegocio.

¡Solo el pueblo salva al pueblo!

¡El pueblo unido jamás será vencido!