Nueva amenaza de desalojo preocupa a pobladores de Guayaibí

Cuarenta familias que viven en el asentamiento Cristo Rey se encuentran en zozobra tras recibir la información de que en el lugar se ejecutará una orden de desalojo prevista para las 6 am del día jueves 30 de septiembre, según consta en el escrito judicial. La medida será acompañada por efectivos policiales y el Ministerio Público, representado por la Fiscal Lilian Ruíz.

El asentamiento se encuentra ubicado en la colonia Primavera Real del distrito de Guayaibí, departamento de San Pedro. La referente comunitaria Rosa Acuña declaró que el caso ha sido judicializado extrañamente después de que el Indert (Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra) confirmara no tener la capacidad presupuestaria para la adquisición de las 406 hectáreas de tierra en disputa al supuesto propietario, Miguel Ángel Montaner, quien había manifestado voluntad para la transacción. “Hace muchos años que no recibimos amenaza de desalojo, pero ahora que no sale el negocio en el Indert, creemos que quiere destinar las tierras al monocultivo de soja o a la ganadería”, dijo Rosa.

“En 12 años de ocupación, y 7 de asentamiento de hecho, con todas las gestiones realizadas para tener energía eléctrica, agua potable, escuela, capilla, etc., tenemos proyectos que estamos ejecutando con el Ministerio de Agricultura, y ahora ese señor pretende desalojarnos”, lamentó la joven.

La lideresa explicó que existe un proyecto de ley de expropiación de esas tierras en el Senado, pero que no hay voluntad política para impulsar su estudio y aprobación. “Aquí hay niños que han nacido en estas tierras, ellos mismos proyectan su futuro creciendo en esta comunidad y plantan frutales de todo tipo, descansan bajo sus sombras, las familias crían animales menores, hay 100 hectáreas de cultivos para autoconsumo”, continuó.

Habitan el territorio de Cristo Rey por lo menos 200 personas, entre adultos mayores, niñas, niños, mujeres, personas discapacitadas, la mayoría de las familias se dedican a la agricultura campesina.

“Las autoridades que están al servicio de estos potentados nos dicen que hay que respetar la propiedad privada, pero nosotros les decimos que hay un principio de interés general que debe prevalecer sobre el particular, nosotros estamos defendiendo derechos humanos como el acceso a la vivienda digna, la alimentación, la educación y la salud”.

Rosa Acuña fue imputada por la fiscal Lilian Ruiz en el marco de los incendios forestales que tuvieron lugar el año pasado. “En todo el mundo hubo incendios, todo el país ardió, pero ella encontró en eso una excusa para imputarme, esto es una abierta persecución, yo ya no puedo sumarme a los compañeros en las movilizaciones, no tengo tranquilidad”, denunció.

La comunidad esperará en el sitio a la comitiva fiscal-policial, según informaron desde el territorio.

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Rosa Acuña: 0984 935395