Manifesto #25NPy2021

Volvemos a tomar las calles para denunciar las violencias que atraviesan nuestros cuerpos, para decirles que acá estamos, luchando como los otros 364 días del año. Traemos con nosotras todas las luchas acumuladas de nuestras ancestras, nuestros sueños, nuestras esperanzas y logros para alcanzar una vida libre de violencia.

Somos mujeres de distintos sectores, del campo y la ciudad. Somos campesinas, indígenas, afroparaguayas, estudiantes, mujeres trans, lesbianas, bisexuales, no binarias, neurodiversas, periodistas, comunicadoras, docentes, investigadoras, trabajadoras sexuales, sindicalistas, artistas, bomberas, trabajadoras domésticas y presentes en todos los ámbitos laborales.

Hoy, 25 de noviembre, una vez más, como mujeres sobrevivientes de una pandemia en curso, levantamos nuestra voz contra la violencia que se ejerce contra nosotras. Nosotras, que venimos luchando contra la violencia estructural que nos impide tener una vida digna, contra la explotación, la precarización y buscando la igualdad de derechos, hoy decimos:

Denunciamos:

• Con el confinamiento impuesto por la pandemia de la COVID-19, y la crisis económica, las mujeres del sector popular nos encontramos mucho más vulnerables ante la violencia. 
• En lo que va del año se registraron 46 casos de feminicidio. En muchos casos, ellas acudieron a la justicia, pero no fueron resguardadas ni acompañadas. Se encontraron con una justicia machista que las abandonó a su suerte. El Ministerio Público registró 7 835 casos de violencia intrafamiliar solo de enero a marzo. La policía y la fiscalía siguen menospreciando nuestras denuncias y su respuesta, lejos de protegernos, nos expone. Por esto, denunciamos al Estado por la agudización de la violencia.
• Denunciamos la estigmatización y la revictimización de las sobrevivientes a las situaciones de violencia de género dentro de las instituciones de bomberos.
• Las mujeres son asesinadas, la justicia no existe, la impunidad mata.
• Las violencias sexuales contra las mujeres, su normalización cultural, así como la negligencia y revictimización por las instituciones de salud y justicia, no garantizan otra cosa más que la impunidad. 
• Denunciamos las barreras de acceso a los servicios de salud que impiden el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Los marcos culturales que nos cosifican, restringen nuestras libertades de ser y hacer, y nos desconectan de nuestro propio deseo.
• Las niñas siguen siendo violentadas, abusadas sistemáticamente y producto del abuso quedan embarazadas. Según registros del Ministerio de Salud, 2 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz por día, algunas por tercera o más veces. Denunciamos también el programa de planificación familiar vacío de insumos, lo que significó para muchas, sobre todo jóvenes e incluso adolescentes, enfrentar embarazos no deseados sin el acompañamiento institucional debido.
• Las mujeres somos la mitad de la población de nuestro país, pero esa realidad no se refleja en los negocios formales. El trabajo informal, la falta de acceso a la educación y a la formación emprendedora somete a miles de madres solteras, a condiciones laborales precarias, sin seguro social, salud, ni jubilación, perpetuando de esta manera la pobreza multidimensional de generación en generación. 
• Nos dicen que por ser mujeres nuestro trabajo es más barato. Nos dicen que cuando cuidamos, no estamos trabajando. Las mujeres sufrimos un empobrecimiento histórico, tenemos menos acceso a recursos, salarios más bajos en comparación a los hombres y nos vimos más afectadas por la brecha laboral que profundizó la pandemia.
• La precariedad económica en la que sobrevivimos la mayoría de las mujeres nos deja en situaciones de vulnerabilidad muy graves y nos expone a nuestros agresores constantemente. Esta dependencia económica nos violenta a nosotras y a nuestras familias. Por todo esto, denunciamos que nuestros derechos laborales como mujeres no están garantizados, ante la complicidad e inoperancia del Ministerio de Trabajo.
• Denunciamos la precarización laboral de las que trabajamos del sector de limpieza, rubro que el Estado terceriza y es cómplice de patronales que estafan a las trabajadoras de este sector pagándoles una miseria o inclusive dejándolas sin ingresos durante meses. Denunciamos también la precarización de quienes trabajamos como deliverys, que además de sufrir acoso y la inseguridad, percibimos un pago menor que el de los hombres. 
• Denunciamos que las trabajadoras sexuales sufrimos violencia por ser mujeres, por ser pobres, por ganar nuestro sustento y el de nuestras familias con el trabajo sexual. En este tiempo de pandemia el Estado nos excluyó de las pocas políticas y servicios de ayuda a la ciudadanía, demostrando que para el Estado paraguayo no existimos como ciudadanas de plenos derechos. Cuando nos visibiliza, es para violentarnos: la violencia institucional contra las trabajadoras sexuales se agudizó, y este año también hemos tenido que llorar a compañeras víctimas de feminicidio.
• Denunciamos el auge de leyes que encumbran la propiedad privada por encima de la vida, la alimentación y los derechos básicos de las personas, surgido de un parlamento indiferente al clamor de la mayoría, alienta los desalojos violentos de comunidades campesinas e indígenas donde se violan doblemente los derechos de las mujeres y las niñas, al quedar vulnerables y expuestas a otros atropellos a sus derechos humanos, como la trata.
• Denunciamos los desalojos y la criminalización de la lucha por la tierra planteada por la Ley Zavala-Riera. Sufrimos inmensas y crecientes dificultades de la población campesina y, en especial de las mujeres, para el acceso y derecho a la tierra y para la defensa y mantenimiento de un territorio, un ambiente y una producción sana, en defensa del alimento y la vida.
• Denunciamos que el proceso de militarización en el departamento de Concepción sólo ha traído a la población más maltrato, temor e inseguridad y ha significado el desvío de una importante carga presupuestaria que deja desprotegidas necesidades prioritarias relacionadas a la salud, a la educación, y el acceso a la justicia.
• Denunciamos la violencia contra las lesbianas, que sucede muchas veces de forma silenciosa al interior de las familias: encierro, violaciones, golpes, aislamiento.
• Como mujeres trans, a lo largo de nuestras vidas sufrimos la violencia del Estado en todas sus formas sobre nuestra identidad. En Paraguay aún existen grandes desafíos en la garantía y goce de los derechos para el colectivo trans, con la persistencia de la discriminación, odio, y prejuicio cuyas actitudes vulneran los derechos económicos, sociales, culturales y hasta ambientales, colocándonos en mayor fragilidad social.
• Denunciamos la complicidad de la Iglesia ante abusos, el acoso y otras formas de violencia patriarcal. Como resultado de ello, la estudiante Belén Witthingslow tuvo que huir a Uruguay y no puede regresar al país, por el amedrentamiento de Cristian Kriskovich, quien la acosó y sigue siendo protegido por la jerarquía de la Iglesia Católica y por el poder judicial.
• Denunciamos que hace más de un año y medio a Clarisse no se le permite estar con su hijo, quien se encuentra alienado por su progenitor a pesar de las disposiciones judiciales. Pasaron más de 35 juicios, este hombre hace una persecución judicial a Clarisse, la Justicia se duerme en los laureles, con chicanas y poder económico mientras la vida de un niño está en riesgo y separado de su madre.
• Denunciamos que a pesar que la Ley 6007/2017 prevé la donación del 2 % de aceite de cannabis que producen los laboratorios y las farmacias, este jamás llegó a los hogares de las niñas, las adolescentes y las mujeres enfermas. La criminalización y la vulnerabilidad jurídica y sanitaria para quienes plantan cannabis porque precisan la medicina y no pueden acceder a los altos costos de las farmacias siguen violentando día a día a niñas, adolescentes y mujeres.
• Denunciamos las barreras de acceso a la participación política de las mujeres. Las mujeres tenemos muchos desafíos en término de participación política, porque estamos sub-representadas en espacios de decisión. 
• Denunciamos que la respuesta del Estado ante la lucha es la represión y la criminalización de las personas que se organizan, entre ellas muchas mujeres, como es el caso de Vivian Genes y otros estudiantes, quienes ahora están en medio de un proceso judicial tras las jornadas del Marzo Paraguayo 2021. 
• Denunciamos a los gobiernos e instituciones del Estado que implementan y utilizan el sistema educativo como una herramienta ideológica, a través de la cual reproducen el sexismo, con sus estereotipos y roles de género, causando segregación, exclusión y discriminación social. Fortaleciendo y naturalizando las violencias que hoy se ejercen sobre nuestros cuerpos, y en todos los ámbitos socio-culturales que habitamos.

Exigimos:

• Exigimos políticas públicas reales y concretas en relación a la violencia hacia todas las mujeres, cis y trans. Que el Presupuesto General de Gastos incluya los recursos que sea necesario para una real y efectiva aplicación de la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia. Con 15 gs. por mujer, por día no se logrará nada.
• Exigimos que las políticas de protección integral a las mujeres incluyan programas especiales para mujeres víctimas para acceder a empleo digno, vivienda, comida, salud, educación, transporte y protección a los derechos de los hijos/as.
• Exigimos que las instituciones sean protectoras y no entes de revictimización de las mujeres, que los juzgados de paz, policías, fiscales, jueces y funcionarios públicos en general deben entender su responsabilidad y rol de velar por la protección integral de las mujeres contra todo tipo de violencia, deben ser capacitados con perspectiva de género y derechos humanos, contratados en el cumplimiento de sus labores a favor de erradicar la violencia hacia las mujeres.
• Para poder desarrollar nuestras vidas libres de violencia urge que se cumplan las leyes ya existentes como las protecciones a las embarazadas y con hijos/as lactantes, como el acceso a guarderías, bonificaciones familiares, apoyo para educación.
• Las mujeres sindicalizadas, muchas jefas de hogar ante la irresponsabilidad machista, exigimos igualdad de oportunidades al acceso a cargos, igualdad salarial, el respeto a los derechos laborales de todas las mujeres como el permiso de maternidad, de lactancia, la imposibilidad de ser despedida al quedar embarazada y tener días para controles médicos. Exigimos trabajo digno y el derecho a la organización. ¡Basta de persecución sindical, precarización laboral y despidos injustificados a trabajadoras!
• Que el Estado priorice el bienestar general de la población y destine recursos suficientes a la salud, la educación, a las instituciones de protección, etc., por encima de gastos destinados a un proceso de militarización
• Que el Estado garantice una investigación imparcial, clara y transparente e independiente que nos permita saber ¿qué pasó con las niñas en Yby Yaú? Juicio y Castigo para todos los responsables directos e indirectos por la Masacre de las niñas de Yby Yaú. ¡Exigimos juicio y castigo a los responsables del infanticidio de las niñas Lilian y María del Carmen en manos del Estado paraguayo!
• ¡Exigimos la aparición con vida de Lichita, desaparecida en la zona norte del país en noviembre del año 2020, víctima de terrorismo de Estado por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez! ¡No dejaremos de buscarla!
• Exigimos que cese la hipocresía y las lesbianas privadas de libertad accedan a las visitas íntimas. Rompamos el silencio para señalar la injusticia y el atropello contra las mujeres lesbianas.
• Exigimos que cese la violencia machista en nuestros espacios seguros.
• Exigimos #JusticiaParaClarisse. 
• Exigimos la aprobación del “protocolo de intervención ante situaciones de violencia basada en género y/o discriminación de la facultad de ciencias sociales de la universidad nacional de asunción”
• Exigimos espacios de formación y universidades democráticas libres de acoso y violencia.
• Exigimos que se instalen protocolos contra el abuso y la violencia dentro de las instituciones bomberiles y que los agresores sean sumariados y separados inmediatamente de producirse la denuncia. Exigimos que las víctimas de violencia dentro de los bomberos dejen de ser hostigadas y ninguneadas. 
• Exigimos Educación Integral de la Sexualidad en las escuelas, colegios y universidades. Necesitamos educación sexual para la prevención del abuso sexual y la erradicación de la violencia de género. Así también es urgente hablar de las diferentes identidades de género y visibilizar las vivencias de las mujeres trans, que el estado reconozca y proteja sus derechos. Que la educación sea inclusiva y considere la diversidad de las personas, considerando las diferentes identidades de género y sexuales.
• Exigimos un nuevo sistema educativo de carácter integral, no sexista, laico, gratuito, y sin discriminación basada en género; y paralelamente una justicia independiente y transfeminista.
• Exigimos que se apruebe y se implemente la ley Julio Fretes contra toda forma de discriminación para que se reconozca la discriminación y haya mecanismos de denuncia. 
• Como mujeres trans, exigimos el acceso a la Justicia y una Ley integral de Identidad de género. No somos peligrosas, estamos en peligro y exigimos vivir en un Paraguay libre de violencia, basta de violentar nuestros cuerpos, las personas trans merecemos respeto y exigimos respeto a nuestras vidas. 
• ¡Justicia para Gaby! Castigo a los que la violentaron y exigimos una investigación exhaustiva sobre su muerte. ¡Basta de impunidad! Por tu vida, Gaby y las que ya no están, seguiremos luchando.
• Que cese el desalojo a los pueblos indígenas y comunidades campesinas.  
• Que el estado establezca como prioridad la promoción y el fortalecimiento de la cultura campesina y la protección y el cuidado ambiental. Que, teniendo como criterio central la protección de la salud de la población, legisle adecuadamente y realice un control efectivo sobre la utilización de los productos agro-tóxicos.
• Que el Estado promueva a través de las instituciones pertinentes, la visibilización, reconocimiento y valoración del aporte de las mujeres en el campo económico y social, de manera a promover una nueva mirada desde la sociedad hacia las mujeres que permita ir disminuyendo la discriminación que sufrimos. Al mismo tiempo que el Estado reconozca las tareas reproductivas y de cuidado, realizadas fundamentalmente por las mujeres, como un aporte económico que debe ser remunerado.
• Exigimos Justicia para Belén W., que pueda volver al país y que se condene a su acosador Cristian Kriscovich.
• La paridad política es un compromiso ético y político de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía, y de nuestra democracia, es una deuda que la democracia tiene con las mujeres.
• Exigimos justicia para Vivían Genes perseguida política de la lucha estudiantil. Luchar no es un crimen.

Celebramos:

• Celebramos la condena por acoso al sacerdote Silvestre Olmedo, y la fuerza de Alexa y las compañeras que acompañaron la lucha contra la impunidad. Reivindicamos el trabajo de las compañeras del Consultorio Jurídico Feminista que acompañó a Alexa a lo largo del proceso judicial, asumiendo su representación en juicio en un litigio estratégico que marca un hito para el acceso a la justicia de las mujeres. Hacer Justicia para Alexa significó allanar el camino para todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia sexual.
• La organización y unidad de acción es la herramienta que debe ser fortalecida para enfrentar las actuales condiciones de miserabilidad del salario y precarización de las políticas sociales.
• Reivindicamos nuestros saberes populares y la necesidad de ser solidarias. Estamos convencidas de que la soberanía alimentaria y la agroecología son las propuestas de mayor fiabilidad ante tantas calamidades de la crisis capitalista, incluyendo los impactos de la pandemia y el cambio climático. Frente a la hambruna que nos amenaza necesitamos reforma agraria y la defensa firme de los territorios y los bienes comunes, los recursos naturales. Las mujeres campesinas, indígenas y urbanas de la clase trabajadora seremos quienes llevemos el estandarte de la economía solidaria y las voces por la justicia climática hasta las expresiones más altas del cambio social urgente.
• Este 25N nos abrazamos y juntas gritamos que nos queremos y necesitamos con vida, con todos nuestros derechos garantizados, para una vida, un país y un mundo libre de violencias, por nosotras y las futuras generaciones. Que nos encuentre a todas fuertes y decididas, compañeras ñandemante ñacambiáta ñande retã. 
• Hasta lograr una sociedad, un país más sano, más justo, no nos rendiremos. Seguiremos luchando hoy y siempre. Ñaime oñondivepa jahupyty hag̃ua toñembojoja ñande derecho ha ñamoañete hag̃ua ñande kerayvotyy ha’éva jaiko porãve jejahei’ỹre. ¡Topa jejahéi kuñanguéra rehe!

Que suene fuerte y claro:

¡Por nuestras vidas, volvemos a tomar las calles!

Che rete chemba’e!