Fallo histórico en caso de muerte de niño intoxicado por agrotóxicos

Un tribunal paraguayo dictó jurisprudencia al condenar a dos productores sojeros por la muerte de un niño contaminado con agrotóxicos.

El dolor de una madre que perdió a un hijo no se aplaca con nada, y menos aún si la muerte pudo haber sido evitada. Bastaba un poco de responsabilidad y el niño Silvino Talavera Villasboa seguiría, probablemente, vivo, disfrutando de sus cortos 11 años, jugando, cuidando a sus herma-nitos pequeños, vendiendo hortalizas a sus vecinos o ayudando a su padre en la chacra. Sin embargo, la irresponsabilidad de dos productores sojeros que fumigaron sus cultivos sin tener en cuenta los cuidados correspondientes, acabó con la vida del pequeño. 

Este es el primer caso de muerte por intoxicación en ser llevado a juicio oral en el Paraguay, gracias a la valentía de la madre de Silvino, Petrona Villasboa de Talavera, activista de una organización social con un extenso historial de lucha por los derechos de las mujeres campesinas e indígenas que también la apoyó con firmeza, y del fiscal de la causa, Víctor Florentín.

A pesar de su corta edad, Silvino se mostraba muy activo en la comunidad en que vivía. Era hijo de Juan Talavera (50) y Petrona Villasboa de Talavera (46) y el número 10 en una familia de 11 hermanos. Sus vecinos lo conocían porque cada mañana salía a vender hortalizas y frutas producidas en la chacra de su papá. Con su bicicleta recorría las enormes distancias que separan un vecindario y a veces iba acompañado por alguno de sus hermanos o de su primo Gabriel Villasboa.

El 2 de enero de 2003, según relató su madre, Petrona, se dirigía con su bicicleta hacia su casa, en compañía de su primo, llevando en un bolso de mandados un gran trozo de carne y un poco de fideos para la preparación del almuerzo familiar. Cuando faltaban unos cuantos metros para alcanzar su humilde vivienda, Silvino y su primo Gabriel se cruzaron con el sojero Herman Schelender, quien se encontraba fumigando sus plantaciones de soja. Justo en el momento en que el niño cruzaba frente a la máquina fumigadora, Schelender activó el dispositivo de la máquina y, literalmente, bañó a Silvino con el herbicida, así como a la carne y los fideos que portaba en su bicicleta. Gabriel pudo esquivar el chorro y aunque también aspiró el veneno no le ocasionó los mismos daños que a Silvino. Una vez en su casa, la madre preparó el almuerzo con los comestibles que había traído su hijo del pueblo.

Al cabo de unas horas, varios miembros de la numerosa familia de Petrona comenzaron a sentirse mal, con náuseas, vómitos y cefaleas. Pero la peor parte se la llevó Silvino, no sólo por el hecho de haber estado directamente expuesto a los herbicidas sino también por haber inhalado el líquido en el momento en que fue “fumigado” por Schelender.

Petrona, Silvino, su hermana Sofía, por aquel entonces de 12 años, y sus hermanos Nicolás de 19 y Justiniano de 9, entre otros más, fueron internados en un centro materno infantil de la localidad de Pirapey, en donde los médicos tratantes les diagnosticaron un cuadro de intoxicación grave causada por agrotóxicos.

Al cabo de unos días, y al comprobarse que Petrona y sus hijos mejoraron ostensiblemente, volvieron a su casa, pero el 6 de enero, nuevamente, el otro sojero condenado, Alfredo Laustenlager, volvió a realizar fumigaciones de sus cultivos de soja, localizados a escasos 15 metros de la casa de la familia Talavera.

El debilitado organismo de Silvino ya no pudo resistir. Nuevamente varios miembros de la familia, incluyendo por supuesto a Silvino, fueron ingresados al nosocomio de Pirapey. Cuando los médicos comprobaron que el cuadro del niño empeoraba con el transcurrir de las horas, sugirieron a Petrona trasladarlo hasta el Hospital Regional de Encarnación, en donde al día siguiente falleció. Otras 20 personas vecinas también fueron gravemente afectadas por la intoxicación y tuvieron que ser trasladadas hasta Asunción para ser tratadas.

La desolación, el dolor y la indignación se apoderaron de la familia Talavera. Con mucha tristeza reflejada en sus ojos, a Petrona hasta hoy le cuesta acostumbrarse a la ausencia de Silvino. Dice que sus hermanos menores, a quienes Silvino cuidaba, aún claman por él. La comunidad también extraña al niño que cada mañana salía a vender frutas y verduras a los vecinos.

Luego de superado el shock inicial por la muerte de Silvino, Petrona decidió recurrir hasta el local del Ministerio Público de Pirapey para denunciar a Schelender y Laustenlager. Ese momento marcó para la familia Talavera el inicio del largo camino hacia la justicia. El fiscal de la zona, Víctor Florentín, decidió llevar adelante la causa por cuenta propia y procesar a los dos productores denunciados por la familia Talavera.

Al comprobar la iniciativa de Florentín, Petrona resolvió apoyar firmemente el proceso judicial. Pero ella no estaba sola: la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas –Conamuri–, de la que es miembro, la acompañó desde la radicación de la denuncia ante la Fiscalía.

Julia Franco, secretaria de organización de Conamuri y residente en Pirapey, comentó que los análisis de orina realizados a todos los afectados por la intoxicación en un laboratorio privado de Asunción comprobaron la existencia de residuos de los agrotóxicos glifosato y sipermetrina en sus organismos, que habrían sido los utilizados por Laustenlager y Schelender en el momento de las fumigaciones.

Julia señaló que estas pruebas resultaron contundentes para que la Fiscalía decidiera llevar a juicio oral a los imputados por el caso. Al margen, la dirigente acusó a los sojeros imputados de estar amparados por los poderosos productores del departamento de Itapúa, lo que les da libertad para actuar con absoluta impunidad a la hora de fumigar sus plantaciones, sin tener en cuenta las condiciones climáticas para las pulverizaciones ni el riesgo al que exponen a terceros.

La reconstrucción y la condena

La reconstrucción de los hechos, durante el juicio oral iniciado el 30 de marzo pasado, permitió demostrar cómo se sucedieron los acontecimientos que derivaron en la muerte de Silvino y el grado de responsabilidad de los sojeros imputados. El testimonio de Gabriel, el primo de Silvino, el único testigo presencial durante la primera ocasión en que el niño fallecido resultó intoxicado, permitió a los jueces conocer en profundidad los detalles del incidente.

Otras declaraciones fundamentales fueron las de los médicos que atendieron a Silvino, quienes testificaron que tanto el niño como los otros miembros de la familia Talavera internados en el centro de salud de Pirapey y de Encarnación sufrieron un cuadro de intoxicación por agrotóxicos. En contrapartida, el forense contratado por la defensa alegó que el niño falleció a causa de una deshidratación masiva y para demostrarlo presentó los resultados de la autopsia. Pero finalmente la contundencia de las alegaciones presentadas por el abogado querellante marcó el veredicto.

El Tribunal, compuesto por los jueces Manuel Aguirre Rodas, Guillermo Skanata Gamón y Fausto Cabrera, sentenció a Alfredo Laustenlager por los cargos de homicidio culposo y producción de riesgos comunes, en este último caso porque la fumigación realizada no respetó las normas de cuidado y efectuó la tarea sin guardar una distancia adecuada de la vivienda en donde vivían 12 niños con sus padres. Schelender fue absuelto del cargo de producción de riesgos comunes, pero condenado por el de homicidio culposo. Los jueces alegaron haber optado por este fallo en el caso de Schelender porque si bien se encontraba realizando su tarea agrícola en su cultivo y alejado de toda vivienda en el momento del hecho, sí tuvo participación no intencional al rociar al niño en el momento en que pasaba al lado de su máquina fumigadora.

Uno de los miembros del tribunal, Guillermo Skanata, aclaró que esta sentencia no está dirigida a los productores del país que emplean agrotóxicos en la producción, sino a la falta de cuidado con que actuaron en este caso en particular. Laustenlager y Schelender fueron condenados a dos años de prisión o a la sustitutiva de pagar una indemnización a la familia Talavera de 25 millones de guaraníes cada uno (menos de 5 mil dólares), en un plazo no mayor a 90 días.

Aunque el fallo del Tribunal resulta histórico, por ser el primero de este tipo en Paraguay, Julia indicó que tanto la Conamuri como la familia Talavera no se encuentran del todo satisfechas con la condena. La Conamuri dio a conocer un comunicado en el que estima que “esta condena es una primera batalla ganada en la dura lucha por la vida y contra la impunidad –que hemos emprendido desde enero de 2003– porque sienta el precedente en la justicia paraguaya de que las fumigaciones con agrotóxicos enferman y matan. Si bien la justicia fue tibia considerando la gravedad del caso, esta conquista nos alienta a seguir luchando contra este modelo agroexportador que enriquece a unos pocos y empobrece, enferma y mata a los más humildes e indefensos de nuestro país, como lo son las familias campesinas e indígenas”.

De todas maneras, Julia Franco rescató que el caso de Silvino servirá de ejemplo para otros similares. Aclaró que la Conamuri no está en contra de las fumigaciones ni del cultivo de la soja, pero exige respeto por la vida de los seres humanos, la de los animales y por la preservación del medio ambiente a la hora de realizar las pulverizaciones. “Exigimos respeto para nuestras comunidades campesinas, que son nuestro hábitat y dentro de las cuales desarrollamos nuestra forma de vida. No queremos que sigan contaminado el agua que bebemos ni el suelo que cultivamos”, señaló la dirigente.

Al mismo tiempo, Petrona confirmó que ella y su familia se encuentran analizando la posibilidad de llevar el caso de Silvino a la instancia civil, de forma de que vuelvan a someter a ambos productores a un nuevo tribunal que les otorgue una condena mayor. Además, la familia Talavera exigirá el pago de una indemnización mucho mayor, pues tanto Petrona como sus hijos siguen arrastrando hasta hoy las consecuencias de la intoxicación masiva, que también les significó la destrucción de una pequeña producción de rubros alimenticios, la muerte de sus animales domésticos, y la contaminación del suelo y los cauces hídricos de la zona.

Los productores condenados ya apelaron la sentencia en su contra. Tanto Laustenlager como Schelender cuentan con el apoyo de otros poderosos productores sojeros de la zona, entre ellos importantes ex colaboradores cercanos del dictador Alfredo Stroessner. Julia y Petrona indicaron que son consientes de que se están enfrentando a personas muy poderosas y estrechamente relacionadas con las empresas que comercializan los productos herbicidas, por lo que esperan poder capear el aluvión de presiones que están seguras ejercerán los sojeros.

Rosalía Ciciolli

© Rel-UITA

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