Manifiesto feminista – 25NPy 2025

El 25 de noviembre recordamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aquí y en todo el mundo.

Desde la Articulación Feminista del Paraguay, marchamos con nuestro lema “Por todos nuestros derechos y contra toda forma de violencia”. Ñande derechokuéra rehe ha topa opaichagua jejahéi.

Nos encontramos en un contexto mundial de recrudecimiento de la violencia estructural, que avanza en todos los ámbitos y que afecta de forma directa nuestra calidad de vida. Se suman a esto las ideas y actitudes neofascistas, conservadoras, patriarcales y colonialistas que buscan acallar nuestras voces de distintas formas para arrebatarnos los derechos conquistados.

El auge de las ideas conservadoras y moralizadoras ha llegado al extremo de “eliminar” la palabra género de los textos escolares y del currículo, con la clara intención de reforzar el patriarcado y formalizar, desde las escuelas, la sumisión, la obediencia, las violencias, el sometimiento de las mujeres, reinstalando el control sobre nuestros cuerpos y vidas.

Estamos ante un enorme retroceso en lo que respecta a los derechos de niñas, niños y adolescentes y a su participación efectiva en las políticas públicas, reduciéndoles a simples objetos de la propaganda gubernamental.

También vivimos retrocesos en las políticas públicas tras eliminar la perspectiva de género y al debilitar las estrategias de prevención y protección frente a los agresores. En este escenario, el propio Estado actúa como principal agresor al incumplir su deber de garantizar derechos y proteger a quienes más lo necesitan. Así mismo expresamos nuestro repudio e indignación ante la utilización de los recursos de la binacional Itaipú para imprimir los materiales denominados “12 Ciencias”, que, a pesar de cambiar su nombre, siguen siendo textos con fuerte contenido conservador, organizados y dirigidos por la Iglesia evangélica, en un país, cuya Constitución Nacional lo declara Estado laico.

En Paraguay, hasta agosto del presente año, se registraron más de 33 mujeres víctimas de feminicidios, dejando a más de 40 niñas y niños huérfanos.

Estamos ante un gobierno construido sobre mentiras, sostenido por prácticas corruptas, que vota a favor del bloqueo norteamericano a un país libre y soberano como Cuba y es cómplice del genocidio en Gaza, donde miles de mujeres y niñas han sido y siguen siendo masacradas. Es un gobierno que militariza territorios, estigmatiza a la niñez calificándola como “guerrillera” y desprotege sistemáticamente las vidas más inocentes y vulneradas. No solo encubre la verdad sobre la desaparición de Lichita, sino que además normaliza la violencia letal contra la niñez pobre, campesina e indígena.

El hambre sigue siendo un común denominador en los territorios, comunidades, barrios y asentamientos. La expulsión de campesinas e indígenas de sus territorios y comunidades es un hecho cotidiano, y sabemos que sin tierra no hay alimentos y sin alimentos no hay vida.

Somos la mitad de la sociedad y luchamos diariamente por subsistir en trabajos precarizados, cargando además con las tareas de cuidado, que recaen mayoritariamente sobre nosotras. Y lo hacemos en un contexto de servicios públicos deficientes —salud, educación, vivienda, transporte, entre otros—, que profundizan aún más las desigualdades.

Vivimos marginadas por nuestro origen y nuestros territorios, y somos violentadas por el hecho de ser mujeres. Sufrimos con impotencia e indignación la falta de atención oportuna, segura y eficaz frente a los casos de violencia: abuso sexual a niñas y adolescentes; acoso laboral; discriminación; violencia política, telemática y patrimonial.  Todos estos delitos están contemplados en el marco normativo, pero en la práctica los casos son minimizados, desestimados o castigados con penas irrisorias y revictimizantes.

Sentimos y conocemos la violencia en las calles, en los hospitales, en las comisarías, y convivimos a diario con los prejuicios sociales, morales, económicos y políticos sobre nosotras. Así también, las mujeres trabajadoras sexuales, sufrimos la exclusión y la negación de derechos básicos. Nuestra decisión de trabajar no puede seguir siendo motivo de castigo ni de vergüenza.

La violencia hacia las mujeres también se profundiza en los espacios digitales: cuando nuestras fotos son filtradas sin consentimiento, y la tecnología se vuelve una herramienta más para acosarnos, vigilarnos y controlarnos, esparciendo en las redes sociales un odio masivo hacia las mujeres.

Como niñas, adolescentes y mujeres queremos vivir libres, seguras y sin miedo en espacios concretos: cuando vamos a la escuela, al colegio, al trabajo, o en las paradas de colectivo, al salir de nuestros barrios y comunidades y también en los espacios virtuales (internet).

Mientras haya una mujer en pie, habrá lucha, habrá esperanza y habrá revolución.

EXIGIMOS QUE EL ESTADO PARAGUAYO:

• Brinde protección, justicia y reparación a todas las mujeres y niñas víctimas de violencia y a las familias de las víctimas de feminicidios.
• Derogue de forma inmediata la Resolución N.º 29.664/17, del MEC, conocida como “Resolución Riera”, que censura el abordaje de género. Y la Resolución N.º 1.803/25 también del MEC, que amplía la prohibición de uso de la palabra “género” en los materiales educativos. Estas normativas atentan contra la libertad de expresión, buscan ocultar la realidad, promueven violencia y restringen el acceso a información esencial para el ejercicio pleno de los derechos humanos.
• Implemente con urgencia una Política Pública de Educación Integral de la Sexualidad accesible, con perspectiva de género y enfoque de derechos. La EIS es una herramienta indispensable para prevenir las violencias y desmontar la discriminación.
• Destine recursos suficientes para los servicios de salud sexual y reproductiva en los hospitales, que hoy están desabastecidos y en situación de abandono, como todo el sistema de salud en el país.
• Despenalice el aborto, respetando la autonomía reproductiva y de nuestras cuerpas, reduciendo la mortalidad de las mujeres por abortos inseguros.
• Promueva el acceso a la educación y trabajo digno para las personas trans-travestis, y apruebe el cambio de nombre a las personas trans-travestis YA.
• Reconozca los derechos e identidades de las personas trans-travestis, lesbianas y bisexuales, y que se prohíban las mal llamadas “terapias de conversión” impulsadas por las iglesias evangélicas.
• Cumpla plenamente la Ley 6.945 de comedores y centros comunitarios, dejando de perseguir y querer eliminar a las organizaciones de mujeres que luchan por el derecho a la alimentación.
• Promulgue la Ley de Protección de datos personales, de manera a garantizar derechos fundamentales como la privacidad, la intimidad y autonomía.
• Garantice el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres indígenas y campesinas, incluyendo acceso a tierras, conservación de territorios, bienes naturales y servicios prioritarios.
• Reconozca la existencia de mujeres negras, kambás y afroparaguayas, y que se implemente una etno-educación, el respeto a nuestras artes como herramienta política e identitaria.
• Reconozca y titule los territorios bañadenses. Los Bañados son parte de Asunción. ¡Basta de mirar a los y las pobladoras de los bañados solo en época electoral como caudal de votos!
• Promueva políticas públicas que apunten a mejorar las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y sus familias. No a la aplicación de las políticas indicadas y exigidas por el Fondo Monetario Internacional, que solo generan hambre, miseria y despojo, incluyendo a las pocas mujeres que pueden jubilarse.
• Apruebe de forma inmediata el convenio 190 de la OIT para garantizar ambientes laborables libres de violencia y acoso.
• Que se aplique la justicia real, fuera de los amiguismos, ante todos los casos de abuso y acoso laboral, y respete a las víctimas, especialmente a las periodistas que se animaron a denunciar a Carlos Granada.
• Impulse políticas públicas que reconozcan y redistribuyan las tareas domésticas y de cuidado, asegurando apoyo estatal a quienes las realizan. Así también que se promuevan políticas públicas de protección, respeto e inclusión para las trabajadoras sexuales y para las mujeres con discapacidades.
• Impulse una verdadera innovación del sistema de transporte público, real, a bajo costo, seguro, eficiente, inclusivo y accesible.

Hoy nos pronunciamos por todas las que ya no están, por las que siguen luchando y por las que vendrán. Porque hemos conquistado derechos, porque queremos un mundo que respete nuestros cuerpos, nuestras formas de vida, nuestra diversidad, nuestras culturas. Con democracia real, justicia social, con igualdad, con educación laica y que promueva el pensamiento crítico. Con salud integral, con respeto y dignidad para todas las mujeres y diversidades, en todos los ámbitos de la vida.

Somos sujetas de derecho; somos mujeres diversas: madres, hijas, compañeras, hermanas, amigas. Somos parte de este pueblo que resiste.

¡Basta de retrocesos en el ejercicio de la democracia y de la naturalización de la violencia contra las mujeres!

¡Ni una menos, vivas nos queremos!!