Lucipar y la deuda histórica con el campesinado
La antigua estancia Lucipar, ubicada en San Pedro, es hoy símbolo de una deuda que el Paraguay arrastra desde hace décadas: el derecho a la tierra para las familias campesinas que sostienen la alimentación del país. El predio fue decomisado al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, “Cabeça Branca”, y quedó bajo administración estatal a través de la Senabico.
Una tierra recuperada del crimen organizado debería transformarse en posibilidad de vida y producción para el pueblo; sin embargo, ocurrió lo contrario. En lugar de destinarla a la reforma agraria, el Estado reaccionó con expresiones de verdadero terrorismo.
El 5 y 6 de diciembre, cientos de familias organizadas ingresaron a Lucipar con la legítima intención de trabajar la tierra y vivir dignamente. La respuesta fue represión, heridos, detenciones e imputación de más de 25 campesinos y campesinas por “invasión”, aun tratándose de una propiedad incautada que no pertenece a ningún privado y que, por mandato constitucional, debería estar al servicio del interés social.
Millones de paraguayos no tienen tierra, mientras infinidad de hectáreas fértiles siguen concentradas en manos de extranjeros, latifundistas y redes criminales. Cuando el campesinado exige lo que la Constitución garantiza, la respuesta estatal es criminalización. Lucipar se convierte así en síntoma de un modelo que prioriza el capital y la exportación por encima de la vida digna del campesinado y la soberanía alimentaria.
Nos preguntamos: ¿cómo puede imputarse “invasión” si se trata de tierras incautadas? No se invade lo que ya es del pueblo. El Estado administra, pero no es propietario en sentido privado, y no puede actuar como custodio de intereses narcos o empresariales. Imputar a campesinos pobres por intentar acceder a tierras que deberían destinarse a la reforma agraria reproduce una injusticia estructural, donde la ley castiga a quienes defienden su sustento vital y protege a quienes concentran riqueza y poder. El aparato judicial se mueve rápido para encarcelar a los pobres, pero titubea o se desentiende frente a la narcopolítica, empresarios o convoyes de droga que cruzan rutas bajo custodia.
La Senabico administra, alquila y remata bienes incautados como si fueran mercancía para recaudar, en vez de destinarlos a comunidades campesinas e indígenas, como establece la Constitución. Por eso, desde Conamuri exigimos:
- Libertad para los campesinos y campesinas presos por luchar. La tierra es un derecho. Delito es criminalizar la pobreza y entregar recursos públicos al capital extranjero.
- Derogación inmediata de la ley que otorga a Senabico la administración de inmuebles rurales incautados. Los bienes recuperados del crimen organizado deben pasar al INDERT para ser distribuidos mediante una reforma agraria popular y productiva.
- Reforma agraria integral ya. Sin tierra no hay vida ni alimento. No hay futuro para el campesinado ni para el país.
Lucipar nos demuestra que hoy con tierras decomisadas al crimen organizado se protege a los narcos y se encarcela a los pobres. Que la Policía Nacional se vuelve valiente cuando debe reprimir a familias indefensas, pero mira hacia otro lado cuando pasan convoyes de drogas, latifundistas armados o menonitas desalojando comunidades indígenas. Las palabras de Eduardo Galeano siguen resonando como una verdad irrefutable: “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”.
Este gobierno ―capataz del agronegocio, de bancos y corporaciones― legisla para el capital y persigue al pobre. Su respuesta en Lucipar indigna, pero también convoca al pueblo a luchar con más fuerza y a organizarse en unidad.
¡Libertad a los presos por luchar!
¡Reforma agraria ya!
*Foto de portada: Sandino Flecha y Elisa Marecos (Ea/RTV)